La designación de junio como mes del orgullo a nivel internacional, además de las otras fechas que los movimientos LGTB se han dado en cada país para celebrar el orgullo, no son efemérides protocolares, sino un recordatorio de las luchas de los movimientos LGTB contra el prejuicio, el estigma y la violencia, para homenajear a quienes ya no están y para hacer un balance en cuanto a lo logrado y lo pendiente.
En este contexto queremos realizar algunas reflexiones conjuntas sobre la situación de las personas LGTB en las Américas.
Reconocemos y celebramos los avances tanto legales como sociales que se han dado en las Américas en el respeto a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género. Varios países de la región han sancionado leyes de identidad de género, leyes que reconocen a las familias LGTB a través de la adopción, el acceso a fertilización asistida y el reconocimiento de las filiaciones co-maternales y co-paternales, leyes de matrimonio igualitario y también políticas públicas relacionadas al trabajo, la salud y la educación para comenzar a revertir la exclusión estructural histórica de las personas LGTB.
Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer para evitar situaciones que impactan negativamente sobre las vidas de las personas LGTB.
Casos de violencias extremas contra las personas LGTB siguen siendo frecuentes en toda la región y los Estados deben hacer más para responder a estos ataques. Es necesario un mayor énfasis en el desarrollo de políticas públicas para la prevención de estas violencias: constatar el número de víctimas es un indicador, pero no una solución. Instamos a la implementación de sistemas efectivos de protección de las personas en riesgo, de campañas públicas para confrontar el prejuicio y el estigma y a la reforma de los sistemas judiciales para que garanticen un enfoque ecuánime y puedan cumplir con la reparación y asistencia a las víctimas.
También queremos llamar la atención sobre la delicada situación de las personas migrantes que son violentadas o estigmatizadas por su orientación sexual, su identidad de género y su expresión de género. La falta de documentos de identidad acordes a su identidad de género expone a las personas trans a mayores dificultades y violencias al momento de migrar.
Las parejas y familias formadas por personas LGTB ven vulnerados su derecho a la reunificación familiar en tanto migrantes en muchos países de nuestra región. Muchas de estas personas huyen de la pobreza y de violencias por prejuicio en sus países de origen para recibir más de esta violencia por parte de los Estados a los que llegan e incluso por parte de otras personas migrantes.
La pobreza, que se ha acrecentado en las Américas y en el mundo como resultado de la pandemia de COVID-19, golpea a las personas LGTB como consecuencia de la exclusión estructural de la educación y del empleo formal.
Instamos a los Estados a comprometerse con la implementación de políticas sociales de abordaje de la pobreza que no estén sólo centradas en el modelo de familia nuclear heterosexual, sino que reconozcan la diversidad de familias y de arreglos de convivencia y de cuidados para todas las personas.
El trabajo sexual, además de ser una fuente de ingresos en situaciones regulares, se constituye en el medio de vida para sectores de la población LGTB y de mujeres especialmente cuando empeora la situación económica, como es el caso en América Latina y el Caribe luego de la pandemia de COVID-19.
Instamos a los Estados a respetar y garantizar los derechos humanos de los trabajadores sexuales, que siguen expuestos a violencia policial, falta de derechos laborales y sociales y altos niveles de pobreza.
Se observan avances parciales, pero también retrocesos preocupantes en la región en lo que respecta al pleno cumplimiento, garantía y posibilidades de ejercicio de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, incluso para niños, niñas y adolescentes.
Solicitamos que donde aún existen leyes que penalizan la actividad sexual consensual entre personas adultas por su orientación sexual o su identidad de género, se armonicen las normativas necesarias con los instrumentos del Sistema Interamericano. Asimismo, invitamos a los Estados a continuar ratificando la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia como instrumento clave para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en nuestra región.
Saludamos la decisión de Perú, país anfitrión de la próxima 52º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de haber tomado como lema para la Asamblea “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”, que nos invita y compromete a la OEA, los Estados que la componen y la sociedad civil, a seguir avanzando en lograr que las Américas sean una región de pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas.
