En República Dominicana y otros países de América Latina la situación de la violencia machista sigue en aumento. Sus instituciones implementan normativas que al parecer todavía resultan insuficiente para combatir y disminuir la situación y cada año aumentan las cifras de violencia de hacia la mujer, convirtiéndose en uno de los principales problemas por solucionar de los principales gobiernos de la región.
En España, aunque la situación de violencia machista es menor que en Latinoamérica, es cierto que todavía fallan ciertos protocolos y, situaciones que se creen controladas, no lo están tanto, dando como resultado que se vuelta a repetir los actos de violencia hacia la mujer por parte de sus parejas o ex parejas una u otra vez.
Para disminuir al máximo tal situación, la delegada del Gobierno español contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, compareció esta mañana ante los medios de comunicación a través de videoconferencia para explicar cómo se concretará la mejora de los servicios previsto para el próximo año e hizo un repaso de los principales compromisos de la Delegación y las principales acciones llevadas a cabo durante este año para alcanzarlos.
Además de actualizar los datos de las mujeres asesinadas por violencia de Genero en España en el mes de noviembre, explicó que el Ministerio de Igualdad va a ampliar el objeto del 016 a todas las formas de violencia contra las mujeres contenidas en el Convenio de Estambul, a excepción de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y no solamente las que se dan en el ámbito de la pareja o expareja, como se había hecho hasta ahora.
Este es uno de los principales compromisos del gobierno español en materia de violencia contra la mujere, que conecta también con los objetivos de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en fase de tramitación. También se incluirá la atención psicosocial inmediata a través del servicio de mensajería instantánea. “Las mujeres víctimas de violencia machista siguen demandando una asistencia y asesoramiento que hay que reforzar”, destacó.
Otras de las novedades serán el incremento de efectivos y la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras que atienden las llamadas mediante la aplicación del convenio colectivo de acción e intervención social en lugar del de operadores de call center. Además, por primera vez, se les ofrecerá supervisión psicológica y aumentará la accesibilidad del servicio a través del chat y del email para mujeres con discapacidad visual y baja visión.
Al hacer un repaso de las principales acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género durante este año, Rosell hizo referencia a la situación de la pandemia que ha marcado este año, así como la reacción del gobierno en la protección de las víctimas de violencias machistas.
Señaló que se puso en marcha un Plan de Contingencia tanto para las víctimas de violencia como para las de trata y explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución y situación de vulnerabilidad, que ha constituido, en palabras de la delegada, “la respuesta estatal a la pandemia sobre la que ha actuado otra pandemia: la pandemia estructural de la violencia de género y la desigualdad de las mujeres.
Al recordar las acciones tomadas para atajar la situación, dijo que uno de los principales compromisos que asumieron las autoridades fue el impulso del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual. Esta ley, afirmó Rosell, “entronca con las peticiones del feminismo” y supone un “avance histórico en la protección integral”, no solo penal, de las mujeres frente a las violencias machistas. Con ella, “el consentimiento será por fin el núcleo de los delitos contra la liberta sexual, superando la tradición patriarcal no solo en los delitos, sino también en la valoración de sus pruebas”.
Durante este año, se presentó también la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, así como otros estudios específicos: “Menores y violencia de género”; “Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural”, realizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR); “La respuesta judicial a la violencia que sufren los niños y las niñas”, llevado a cabo por la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS; “La mutilación genital femenina en España”, de la Fundación Wassu-UAB; y “Mujer, discapacidad y violencia de género” y “La violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual”, elaborados respectivamente por la Federación de Mujeres Progresistas y la Fundación CERMI.
